Sijena, la Guardia Civil y el lenguaje

Desde mucho antes de que la Generalitat de Cataluña incumpliera, por segunda vez, la orden judicial que le obliga a devolver los bienes de Sijena reclamados por Aragón que se hallan en el Museo de Lérida (las famosas 44 piezas de las que solo se exponen 7), se viene hablando de que si la policía tendrá que ir o no tendrá que ir a recuperar esas piezas. El alcalde de Villanueva y su abogado llevan reclamando su intervención más de un año. El presidente de Aragón ha aludido a ello más de una vez, al igual que la consejera de Educación y Cultura y el director general de Patrimonio del Gobierno de Aragón. Y lo mismo, las autoridades catalanas y los directores de los museos de Barcelona y Lérida. ¿Irá, finalmente, la policía a Lérida a por las piezas reclamadas?

En este asunto, al igual que con todo lo referido al complejo proceso de Sijena, se juega con el lenguaje. De lo que se trata es de lo siguiente: dado que el 31 de julio venció el segundo plazo dado por los Tribunales para que se cumpliera la orden judicial de devolución sin que ésta se efectuara, como esa orden judicial es de obligado cumplimiento, se pide a la Justicia que dé permiso para entrar a retirar las obras que tenían que volver. Se pide permiso porque no se puede ir a la brava y cogerlas; si el juzgado dice que sí, irán los técnicos a buscarlas. Como cabe la posibilidad de que la operación no sea precisamente agradable, se pide también el auxilio de la fuerza pública para que no haya problemas.

Las piezas las recogen los técnicos de patrimonio. La policía judicial solo acompaña para garantizar que la operación se efectúe con normalidad.

Las piezas no se las lleva la Guardia Civil. Ni entran los tanques a Lérida. Ni se «confiscan» las piezas, ni se «requisan», ni se «rompen las puertas del museo» ni se comete ningún acto de violencia. Solo se garantiza el cumplimiento de la legalidad cuando no se ha dejado otro camino.

Yo soy la primera a la que le repugna la idea de que tenga que intervenir en esto para nada la fuerza pública. Me parece una imagen penosa, desgraciada, que se podía haber evitado perfectamente. Que se tenía que haber evitado. Pero, en la situación en la que estamos, ¿qué otra alternativa hay?

Esto es un reto al Estado de Derecho por parte de la Generalitat, un órdago con solo dos salidas y las dos son malas, aunque las dos le benefician en este momento político, con la apuesta por el procés, porque ambas son posturas de fuerza: si va la policía a acompañar a los técnicos, la mera imagen de su presencia en el museo será calificada de agresión intolerable hacia Cataluña (personalmente estoy convencida de que hay más de uno que está deseando que esto se produzca, el rédito político sería interesantísimo); si no se hace nada, si las obras se dejan allí, la Generalitat habrá demostrado que es perfectamente factible desacatar la legalidad «española» sin que haya consecuencias. Victoria.

Hay más de un precedente en que los actuantes en un conflicto han pedido la presencia de la policía para garantizar el cumplimiento de una orden. Me viene a la cabeza uno bien obvio, que es el de los «papeles de Salamanca». No estoy comparando los casos, no se me acaloren, no se me tiren a la yugular; solo comparo las circunstancias en las que se produjo su devolución. La policía («un fuerte dispositivo policial», en expresión del gusto de la prensa) acompañó a los técnicos que efectuaron el traslado. Y tampoco había aún sentencia firme, quedaba mucho recorrido judicial: los papeles de Salamanca volvieron a Cataluña en 2006 y la sentencia definitiva del Constitucional no se emitiría hasta 2013.

No nos olvidemos, en todo caso, de qué parte es la que aquí está forzando la situación, llevando las cosas al límite, desacatando las órdenes de los Tribunales. Desde Aragón se respeta escrupulosamente la justicia.